Desde el 1 de enero, los ciudadanos, las empresas y las organizaciones no gubernamentales tienen un plazo mínimo de 12 semanas para participar con su voz en la elaboración de las políticas europeas, frente a las 8 semanas de que disponían anteriormente, a través de las consultas públicas a la ciudadanía que realiza la Comisión Europea. La Comisión ha creado además un servicio de aviso para las iniciativas futuras: las organizaciones que se inscriban en el Registro de Transparencia pueden apuntarse a este servicio de aviso para disponer de información temprana sobre los planes de las nuevas iniciativas en los sectores que sean de su interés, alrededor de un año antes de su aprobación.
José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión Europea, declaró que «un factor clave para acertar en nuestras políticas es escuchar a quienes van a ser afectados por las mismas. Al ampliar el plazo de consulta pública, damos una mayor voz a los ciudadanos, las empresas y las organizaciones, lo que nos ayuda a conformar nuestras políticas en beneficio de todos.».
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